El próximo 7 de marzo de 2023 entrará en vigor el Decreto 200/2022, de 25 de noviembre, del Consell, por el que se regula la responsabilidad social en las entidades valencianas, en este decreto se crea un nuevo Registro  de Entidades Valencianas Socialmente Responsables, la finalidad de este registro es dar información sobre el carácter responsable de las entidades inscritas en él.

Este registro será público y la información en materia de sostenibilidad de las entidades registradas aparecerá en el registro mercantil, por lo que será un método para que las entidades puedan demostrar y justificar su carácter responsable frente a terceros.

Este último punto adquiere gran importancia debido a los cambios normativos los últimos, aunque las pymes por ley no están obligadas a reportar información de materia de sostenibilidad, debió a las nuevas normativas europeas que exigen a las grandes empresas a reportar información sobre su cadena de valor, muchas pymes que trabajan con grandes empresas se verán obligadas a también a reportarla.

Por otra parte, se prevé que en los próximos años se tenga cada vez más en cuenta la responsabilidad social para tener accesos a la financiación, o para contratar primas de seguros más ventajosas y por último, también para para poder contratar con la administración pública se tendrá en cuenta la responsabilidad social priorizando a las empresas más sostenibles, en este sentido cabe destacar, que en mayo de 2023 entrará en vigor el Decreto 118/2022, de 5 de agosto, del Consell, por el que se regula la inclusión de cláusulas de responsabilidad social en la contratación pública y en las convocatorias de ayudas y subvenciones.

Se podrán inscribir en el registro las personas trabajadoras autónomas, las empresas (independientemente de su tamaño o forma jurídica) y las entidades y organizaciones públicas o privadas que cuenten con centros de trabajo, oficinas o establecientes en la Comunitat Valenciana.

Para inscribirse se deberá realizar una autoevaluación basado en una serie de indicadores comunes para todas las entidades con el fin de poder hacerse una comparación entre ellas. En total son 88 indicadores que abarcan cuatro aspectos: el social y laboral, el ético, el ambientales y la sostenibilidad económica. A parte, las entidades también deben de presentar una memoria de sostenibilidad verificada por un tercero. Pero los requisitos de inscripción varían en función del número de personas trabajadores de la entidad.

En este sentido el Decreto distingue entre cuatro tipos de entidades según el número de trabajadores, a continuación se detallan los requisitos de inscripción dependiendo del tamaño de la entidad:

• Entidades de 1 a 9 personas trabajadoras, para la su inscripción deberán realizar una autoevaluación con 31 indicadores, los resultados de la autoevaluación se podrán convertir en una memoria de responsabilidad social y debe ir acompañada de una declaración responsable. Por último tampoco deberán hacer una verificación externa ya que será suficiente con el dictamen que se elaborará desde el Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España, de todas las solicitudes de registro.
• Entidades de 10 a 49 personas trabajadoras, en este caso la autoevaluación constará de 56 indicadores y al igual que en el caso anterior los resultados de los indicadores se podrán transformar en una memoria de responsabilidad social y no será necesaria la verificación externa porque con el dictamen del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de España será suficiente.
• Entidades de más de 50 personas trabajadoras, en este caso en la autoevaluación se deberá reportar sobre los 88 indicadores y además deberán elaborar una memoria de sostenibilidad que refleje los resultados analíticos basada en alguno de los modelos nacionales o internacionales generalmente admitidos, como por ejemplo el Balance de la Economía del Bien Común. Esta memoria deberá ser verificada por un tercero, en este sentido la Conselleria de Economía sostenible elaborará una lista de auditores sociales, que podrán realizar este tipo de auditorías de verificación.
• Entidades de más de 250 personas trabajadoras, en este caso los requisitos son los mismos que para las empresas de más de 50 trabajadores, pero la puntuación mínima en cada uno de los aspecto y el total de los indicadores para poder inscribirse es más alta que para las entidades de 50 a 249 personas trabajadoras.

Por último, el registro tiene una vigencia de dos años, transcurrido este tiempo, las entidades deberán solicitar la renovación y volver a presentar una nueva autoevaluación y una memoria de sostenibilidad verificada en los casos de entidades de más de 50 personas trabajadoras.

Desde Objetivo Cero podemos ayudarte con la tramitación de la inscripción en el Registro, con el reporte de la información en materia de sostenibilidad y con la tramitación de las ayudas destinadas a la elaboración de esta documentación.

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