La Comisión Europea pretende acabar con el Greenwashing
Esta semana, el Gobierno ha aprobado por segunda vez el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que no pudo ser aprobado durante la pasada legislatura debido a la convocatoria electoral.
El objetivo principal de esta ley es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire mediante la implementación de un sistema de movilidad más justo, sostenible e inclusivo, que abarque todo el territorio y promueva la cohesión social.
Entre las principales novedades del proyecto de ley se encuentra la creación e implementación de Planes de Movilidad Sostenible, que serán obligatorios para algunas empresas, municipios y grandes centros de actividad.
En cuanto a los municipios, los Planes de Movilidad Sostenible simplificados serán obligatorios para los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes, ampliando así la obligatoriedad que antes recaía solo en aquellos de más de 50.000 habitantes o entre 20.000 y 50.000 que superarán los límites de contaminación establecidos por ley.
Por otro lado, las empresas con más de 500 personas trabajadoras o de 250 que trabajen por turnos también estarán obligadas a implementar planes de movilidad sostenible, los cuales deberán ser negociados con los representantes de las personas trabajadoras.
Estos planes podrán incluir diversas medidas como el fomento de la movilidad activa, del transporte público, la movilidad de cero emisiones, soluciones de movilidad compartida y colaborativa, así como el teletrabajo cuando sea posible. Además, se deberán considerar medidas de seguridad y prevención de accidentes en los desplazamientos al centro de trabajo.
Para la realización de los planes de movilidad se deberán tener en cuenta tanto a las personas trabajadoras como a visitantes, empresas proveedoras y otros usuarios. Estos planes deberán ser coherentes con los planes de movilidad sostenible de la entidad local donde se ubique el centro de trabajo.
Además, para los centros de trabajo con más de 1.000 personas trabajadoras ubicados en municipios o áreas metropolitanas con más de 500.000 habitantes, se deberán establecer medidas para reducir la movilidad en horas punta y promover el uso de medios de transporte con bajas o cero emisiones.
Como novedad, se establece una jerarquía en la movilidad sostenible, en la que se tendrán que basar los planes, priorizando en este orden: la movilidad activa, el transporte público, los esquemas de movilidad de alta ocupación y, por último, en el caso de optar por el vehículo privado, se priorizarán las tecnologías de bajas emisiones.
El proyecto de ley ha sido trasladado al parlamento para su tramitación, donde cabe la posibilidad de introducir modificaciones. Se espera su aprobación durante el año 2024, ya que es un compromiso con la Comisión Europea. Una vez aprobada la ley, los municipios tendrán un año para desarrollar sus Planes de Movilidad Sostenible, mientras que las empresas dispondrán de dos años.